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¿Conoces las novedades previstas en la lucha contra la morosidad?

Todos hemos oído hablar de la Ley de medidas de apoyo al emprendedor, de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (Ley 11/2013, de 26 de julio). Esta norma ha introducido algunos cambios en la anterior normativa de apoyo al emprendedor (Ley 4/2013, de 22 de febrero) que ya modificaba la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales Ley 3/2004, de 29 de diciembre).

Creemos importante que conozcamos esas novedades introducidas para saber a qué atenernos tanto en las negociaciones comerciales como en la contratación y, en todo caso, cuando lamentablemente nos tengamos que ver obligados a reclamar deudas comerciales, tanto amistosamente, como judicialmente:

Plazo de emisión/remisión de facturas:

Los proveedores deberán hacer llegar la factura antes de los 15 días naturales a contar desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios.

Se prevé la posibilidad de girar una factura resumen periódica, que agrupe facturas a lo largo de un período determinado no superior a 15 días, comprensiva de todas las entregas o prestaciones de servicios realizadas en dicho período.

Plazo de pago.

El plazo de pago podrá ser determinado en contrato sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales desde la recepción de la mercancía o prestación del servicio.

Cuando el plazo de pago no esté fijado contractualmente, deberá ser de 30 días naturales desde la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso si se hubiera recibido la factura o solicitud de pago con anterioridad.

En los casos en que se pacte un procedimiento de aceptación o comprobación de productos o servicios, dicho plazo no podrá ser superior a 30 días y el pago deberá efectuarse en los 30 días siguientes.

Intereses de demora.

Para que legalmente podamos exigir intereses de demora, además de no haber recibido a tiempo la cantidad debida, debemos haber cumplido previamente nuestras obligaciones contractuales y legales.

Cuando se pactan calendarios de pago para abonos a plazos y alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la compensaciones que ahora indicaremos, se deben calcular exclusivamente respecto de las cantidades vencidas y no pagadas.

El tipo legal de interés de demora que podremos repercutir al deudor será la suma del tipo de interés semestral aplicado por el Banco Central Europeo más 8 puntos porcentuales. En definitiva, la nueva ley de emprendedores ha incrementado de 7 a 8 puntos porcentuales dicho incremento sobre el interés publicado.

Indemnización por costes de cobro.

Anteriormente a la modificación introducida por la Ley 11/2013, existía la posibilidad de reclamar al deudor una indemnización por costes de recobro con el límite máximo del 15% de la deuda principal (lo adeudado sin contar con gastos ni intereses).

Esta limitación ha desaparecido con la última modificación legal que ha introducido el derecho del acreedor a reclamar, como indemnización por costes de cobro, una cantidad fija de 40 euros, sin necesidad de facturación o petición previa.

A dicha cantidad, además, se podrán añadir los gastos que podamos acreditar haber incurrido en intentar el cobro de la cantidad adeudada, como por ejemplo los gastos bancarios por devolución de pagarés o cheques impagados; gastos de la contratación de profesionales en la gestión del cobro de la deuda; requerimientos de pago por burofax, etc.

Cláusulas y prácticas abusivas.

La Ley 11/2013 introduce por primera vez la regulación de cláusulas y prácticas manifiestamente abusivas en perjuicio del acreedor.

Se entiende como cláusula abusiva la que prevea puntos radicalmente opuestos a estas medidas introducidas por la ley, como por ejemplo la que excluya la indemnización de costes de cobro; la que supere los límites legales del plazo de pago; la que establezca un tipo de interés de demora un 70% inferior al interés legal de demora, etc.

Aplicación.

Aun cuando es importante que vayamos conociendo estas opciones, en realidad serán exigibles a la ejecución de las operaciones comerciales a partir del 28 de julio de 2014, como plazo que la normativa prevé para la difusión y adaptación a estas modificaciones, ya que – eso sí – a partir del 28 de julio de 2014 serán de aplicación a todas las operaciones comerciales, incluso a los contratos firmados antes del 28 de julio de 2013 (fecha de entrada en vigor de la modificación legal).

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